Delito menos grave: qué es, tipos, juicio y consecuencias

Un delito menos grave es la infracción penal de gravedad intermedia prevista en el ordenamiento jurídico español, definida en el artículo 13.2 del Código Penal como aquella que la ley castiga con pena menos grave. Es la categoría más frecuente en los juzgados penales y comprende delitos tan habituales como las lesiones, el hurto superior a 400 euros, la conducción bajo los efectos del alcohol entre otros.

En este artículo, redactado por nuestro equipo de penalistas, explicamos qué es, qué tipos existen, cómo se desarrolla el procedimiento y qué consecuencias produce.

Un delito menos grave es la infracción penal de gravedad intermedia del Código Penal, definida en el artículo 13.2 CP como aquella que la ley castiga con pena menos grave. Constituye la categoría más amplia y frecuente del sistema penal español, situada entre los delitos leves (de menor gravedad) y los delitos graves (los más severos).

El criterio para calificar un delito como menos grave es la pena prevista por la ley para la conducta tipificada. Si esa pena se sitúa entre las del artículo 33.3 CP —prisión de 3 meses a 5 años, multa superior a 3 meses, inhabilitación especial hasta 5 años, entre otras—, el delito tendrá la consideración de menos grave, con todas las consecuencias procesales y materiales que ello implica.

Artículo 13.2 del Código Penal: «Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave».

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, son conceptos jurídicamente distintos. El delito menos grave es la conducta tipificada en el Código Penal (por ejemplo, lesionar a otra persona causándole un menoscabo que requiere tratamiento médico). La pena menos grave es la sanción concreta que la ley prevé como consecuencia (por ejemplo, prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses).

Esta distinción es la base del sistema: el legislador clasifica primero las penas en función de su gravedad (art. 33 CP) y, en función de la pena prevista, califica el delito en una de las tres categorías.

La clasificación tripartita del artículo 13 del Código Penal distingue tres categorías de delitos en función de la pena prevista. Conocer la frontera entre ellas es esencial, porque determina el procedimiento aplicable, el órgano judicial competente y las consecuencias para el condenado.

La frontera entre delito leve y delito menos grave es la duda más frecuente en la práctica penal. Se resuelve atendiendo al artículo en que se enmarca la pena prevista:

• • Delito leve (art. 33.4 CP): multa de hasta 3 meses, localización permanente de 1 día a 3 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días, privación del derecho a conducir o de la tenencia de armas de 3 meses a 1 año, prohibición de aproximarse a la víctima de 1 mes a menos de 6 meses. Nunca se contempla la pena de prisión.
  • Delito menos grave (art. 33.3 CP): prisión de 3 meses a 5 años, multa superior a 3 meses, inhabilitación especial hasta 5 años, privación del derecho a conducir de 1 año y 1 día a 8 años, prohibición de aproximarse a la víctima de 6 meses a 5 años, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año.

Algunos ejemplos prácticos de la frontera:

• Hurto: si el valor de lo sustraído no excede de 400 euros, es delito leve (art. 234.2 CP); si supera los 400 euros, es menos grave (art. 234.1 CP).
• Estafa: misma regla. Hasta 400 euros, leve; por encima, menos grave.
• Lesiones: si solo requieren primera asistencia facultativa, son leves (art. 147.2 CP); si exigen tratamiento médico o quirúrgico, son menos graves (art. 147.1 CP).
• Daños: hasta 400 euros, leve; por encima, menos grave.

La frontera con la pena grave se sitúa, principalmente, en los siguientes umbrales del artículo 33.2 CP:

• • Prisión superior a 5 años (incluida la prisión permanente revisable).
  • Inhabilitación absoluta (siempre grave) o inhabilitación especial superior a 5 años.
  • Privación del derecho a conducir o a tener armas superior a 8 años.
  • Prohibición de aproximarse a la víctima superior a 5 años.
  • Privación de la patria potestad.

Por ejemplo, un homicidio doloso (art. 138 CP), castigado con prisión de 10 a 15 años, es siempre delito grave; en cambio, un homicidio por imprudencia grave (art. 142.1 CP), castigado con prisión de 1 a 4 años, es delito menos grave.

El artículo 13.4 CP resuelve los supuestos en que una pena prevista para un delito puede situarse a la vez en dos categorías distintas. Establece dos reglas:

• • Cuando la pena puede considerarse simultáneamente leve y menos grave, el delito se considera siempre leve.
  • Cuando la pena puede considerarse simultáneamente menos grave y grave, el delito se considera siempre grave.

Por ejemplo, si para un delito se prevé pena de prisión de 3 a 6 años, esta pena se sitúa entre las menos graves (hasta 5 años) y las graves (más de 5 años). Aplicando la regla del art. 13.4 CP, el delito se calificará en todo caso como grave, lo que arrastra consecuencias relevantes: competencia de la Audiencia Provincial, procedimiento ordinario por sumario, plazos más largos de prescripción y de cancelación de antecedentes.

Los delitos menos graves constituyen el grueso de la actividad de los juzgados penales. A continuación se exponen los tipos más habituales con su artículo concreto y la pena prevista, según el conocido Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) de la RAE y la sistemática del Código Penal vigente.

Se sanciona como delito menos grave la causación a otra persona de una lesión que requiera, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico para su sanidad. La pena es de prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses.

A diferencia del delito leve de lesiones (art. 147.2 CP, lesiones que solo requieren primera asistencia), el delito menos grave del 147.1 abre la posibilidad de pena de prisión y exige la comparecencia con abogado en el procedimiento.

El artículo 152 CP sanciona las lesiones causadas por imprudencia, distinguiendo según la gravedad de la imprudencia:

• • Imprudencia grave (art. 152.1 CP): pena de prisión de 3 a 6 meses si las lesiones son del art. 147.1; de 1 a 3 años si son del 149; de 6 meses a 2 años si son del 150. Es delito menos grave.
  • Imprudencia menos grave (art. 152.2 CP): pena de multa de 3 meses a 12 meses. Por la cuantía de la pena de multa, es también delito menos grave (al superar los 3 meses).
  • Imprudencia leve: no constituye delito desde la reforma de 2015. Se reconduce a la responsabilidad civil extracontractual del Código Civil.

El homicidio por imprudencia grave (art. 142.1 CP) se castiga con prisión de 1 a 4 años y es delito menos grave. El homicidio por imprudencia menos grave (art. 142.2 CP) se sanciona con multa de 3 a 18 meses y, conforme a la regla del art. 13.4 CP, también tiene consideración de delito menos grave por la duración de la pena de multa.

La sustracción de bienes muebles ajenos con ánimo de lucro y sin violencia, cuando el valor sustraído excede de 400 euros, constituye delito menos grave. La pena es de prisión de 6 a 18 meses. Existen, además, tipos agravados (art. 235 CP) que pueden elevar la pena con independencia de la cuantía.

Los daños causados en propiedad ajena por cuantía superior a 400 euros son delito menos grave, sancionado con multa de 6 a 24 meses. Si concurren las circunstancias agravadas del art. 263.2 CP (daños en bienes de servicio público, daños por imprudencia grave de elevada cuantía, etc.), la pena puede ser de prisión.

Algunos de los delitos menos graves más relevantes en la práctica forense son:

• Coacciones (art. 172.1 CP): prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses.
• Estafa (art. 249.1 CP) cuando la cuantía excede de 400 euros: prisión de 6 meses a 3 años.
• Apropiación indebida (art. 253.1 CP) cuando la cuantía excede de 400 euros: prisión de 6 meses a 3 años.
• Administración desleal (art. 252.1 CP): prisión de 6 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses.
• Robo con fuerza en las cosas (art. 240 CP): prisión de 1 a 3 años en su tipo básico.
• Conducción bajo los efectos del alcohol o drogas (art. 379.2 CP): prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, más privación del derecho a conducir.
• Conducción temeraria (art. 380 CP): prisión de 6 meses a 2 años.
• Quebrantamiento de condena (art. 468 CP): prisión de 6 meses a 1 año.

Las penas menos graves se imponen mediante distintos cauces procesales regulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La elección entre uno u otro depende de la naturaleza del delito y las circunstancias de la instrucción.

Conforme al artículo 14 LECrim, la competencia para el enjuiciamiento de delitos menos graves se distribuye así:

• Juzgado de lo Penal del partido judicial: conoce con carácter general los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 5 años, multa de cualquier cuantía, o pena de privación de derechos cuya duración no exceda de 10 años.
• Audiencia Provincial: cuando la pena máxima exceda los anteriores límites o por conexión con un delito grave.
• Juzgado de Violencia sobre la Mujer: cuando el delito menos grave constituya violencia de género.
• Juzgado Central de lo Penal (Audiencia Nacional): para delitos atribuidos a su competencia.

El procedimiento abreviado (arts. 757 y siguientes LECrim) es el cauce ordinario para enjuiciar delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 9 años. Comprende tres fases: instrucción ante el juzgado de instrucción, fase intermedia y juicio oral ante el juzgado de lo penal o la audiencia provincial. Es el procedimiento más utilizado en delitos menos graves.

El juicio rápido (arts. 795 y siguientes LECrim) se reserva a determinados delitos flagrantes o de instrucción sencilla cuando la pena prevista no exceda de 5 años de prisión. Se aplica habitualmente a delitos de seguridad vial (alcoholemia, conducción sin carnet), hurto flagrante, lesiones leves o violencia doméstica. Permite resolver el procedimiento en plazos muy breves, con la consiguiente posibilidad de conformidad rebajada en un tercio si el acusado acepta la calificación del Ministerio Fiscal.

A diferencia del juicio por delitos leves, donde la asistencia letrada no es preceptiva con carácter general, en los procedimientos por delitos menos graves la intervención de abogado es siempre obligatoria. El investigado o acusado tiene derecho a designar abogado de su elección o, en caso de carecer de medios, a solicitar uno de oficio mediante la asistencia jurídica gratuita.

Esta diferencia es esencial: una persona citada como investigada por un delito menos grave no debe acudir a declarar sin abogado, ya sea de su confianza o de oficio. Comparecer sin asistencia letrada en estos procedimientos invalida la declaración y puede derivar en consecuencias procesales irreversibles. 

Las penas que pueden imponerse a un delito menos grave están enumeradas de forma cerrada en el artículo 33.3 del Código Penal. Aunque las desarrollamos en detalle en otro artículo del blog [enlace interno sugerido: artículo del despacho sobre penas menos graves], conviene recordar aquí los puntos clave para entender las consecuencias prácticas.

Son penas menos graves:

• Prisión de 3 meses a 5 años.
• Inhabilitaciones especiales hasta 5 años.
• Suspensión de empleo o cargo público hasta 5 años.
• Privación del derecho a conducir o de la tenencia de armas de 1 año y 1 día a 8 años.
• Inhabilitación especial relacionada con animales de 1 año y 1 día a 5 años.
• Privación del derecho a residir o aproximarse a la víctima de 6 meses a 5 años.
• Multa superior a 3 meses y multa proporcional.
• Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año.

Cuando la pena impuesta es de prisión, los artículos 80 y siguientes CP permiten al juez suspender su ejecución si concurren los requisitos legales: que la pena no exceda de 2 años (sumando todas las impuestas en la sentencia), que el condenado sea primario y que se haya satisfecho la responsabilidad civil. Adicionalmente, no debe existir pronóstico de reiteración delictiva.

La suspensión puede condicionarse al cumplimiento de obligaciones (prohibición de aproximarse a la víctima, pago de una multa, realización de trabajos en beneficio de la comunidad, sometimiento a programas formativos). Cumplido el plazo de suspensión sin nueva delincuencia, la pena se entiende cumplida y no se ejecuta. Es un mecanismo decisivo en la estrategia de defensa: la diferencia entre cumplir prisión efectiva o no.

El artículo 88 CP permite, en determinados supuestos, sustituir la pena de prisión menos grave por multa o trabajos en beneficio de la comunidad, cuando la suspensión no es viable pero existen razones para evitar el ingreso en prisión.

El artículo 89 CP prevé un régimen especial para condenados extranjeros: cuando un ciudadano extranjero no residente legalmente en España sea condenado a pena de prisión superior a 1 año, el juez sustituirá la ejecución de la pena por la expulsión del territorio español, salvo que existan razones que justifiquen el cumplimiento en España. Para residentes legales, la sustitución se valora caso por caso.

Las consecuencias de una condena por delito menos grave van más allá de la pena: afectan al historial penal del condenado y pueden agravar futuras condenas.

Sí. Toda condena por delito menos grave inscribe antecedentes en el Registro Central de Penados, con efectos sobre oposiciones, permisos de residencia, licencias administrativas, certificados negativos y procesos selectivos. Es uno de los efectos más duraderos de la condena.

El artículo 136 CP fija plazos diferenciados según la duración de la pena cumplida:

• • 2 años cuando la pena impuesta sea inferior a 12 meses.
  • 3 años cuando la pena impuesta sea de 12 meses a 3 años.
  • 5 años cuando la pena impuesta sea superior a 3 años.

El cómputo se inicia desde la extinción total de la responsabilidad penal, lo que incluye la satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito. La cancelación no es automática: el interesado debe solicitarla al Registro Central de Penados aportando certificado de extinción. 

A diferencia de los delitos leves, las condenas firmes por delitos menos graves sí pueden activar la agravante de reincidencia prevista en el artículo 22.8ª CP, siempre que el condenado haya sido previamente condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza. La consecuencia es que, en una nueva condena, la pena debe imponerse en su mitad superior.

Es un punto técnico de gran relevancia que diferencia el delito menos grave del leve y que conviene tener presente al valorar el alcance real de una condena.

La prescripción extingue la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo. En los delitos menos graves, los plazos son intermedios entre los breves del delito leve y los extensos del delito grave.

El artículo 131 CP fija los plazos de prescripción atendiendo a la pena máxima prevista para el delito. Para los delitos menos graves:

• • 5 años cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación inferior a 5 años, así como otras penas menos graves.
  • 10 años cuando la pena máxima sea prisión o inhabilitación de 5 a 10 años.

El cómputo se inicia el día en que se cometió la infracción punible. La prescripción se interrumpe cuando el procedimiento se dirige formalmente contra el responsable.

Distinta de la prescripción del delito, la prescripción de la pena se regula en el artículo 133 CP y se aplica una vez recaída sentencia firme. Para las penas menos graves:

• • 5 años con carácter general.
  • 10 años para las penas privativas de derechos cuya duración exceda de 5 años pero no de 10.

El plazo se computa desde la firmeza de la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena, si esta hubiera comenzado a cumplirse.

La prescripción del delito opera antes de que recaiga sentencia firme: si transcurre el plazo legal sin que el procedimiento se dirija contra el responsable, la acción penal queda extinguida.

En cambio, la prescripción de la pena opera después de la sentencia firme: si transcurre el plazo legal sin que la pena se ejecute, esta ya no podrá cumplirse.

Son figuras complementarias y autónomas, con plazos y reglas propias que conviene no confundir.

El delito menos grave es la categoría más extendida en la práctica forense española y, pese a su denominación, conlleva consecuencias materiales muy serias: la posibilidad real de cumplir prisión, antecedentes penales con plazos de cancelación de hasta 5 años, activación de la agravante de reincidencia y, para extranjeros, posible sustitución por expulsión.

A diferencia del juicio por delito leve, en el procedimiento por delito menos grave la asistencia letrada no es opcional, sino obligatoria. Pero la cuestión no es solo cumplir esa exigencia formal: la diferencia entre un cumplimiento efectivo en prisión y una pena suspendida o sustituida depende muchas veces de la estrategia técnica desplegada por el penalista. La valoración temprana de la prueba, la decisión sobre la conformidad, la articulación de los requisitos del art. 80 CP, la negociación con el Ministerio Fiscal o la oportuna invocación de la prescripción son cuestiones que un abogado especializado resuelve con criterio profesional.

En Aguado Abogados asistimos a investigados y acusados en procedimientos por delitos menos graves en toda España. Si ha recibido una citación judicial, una notificación de juicio rápido o tiene dudas sobre las consecuencias de un procedimiento penal, puede contactar con con nuestro equipo de abogados especialistas en Derecho Penal para una primera valoración del caso.

Un delito menos grave es la infracción penal de gravedad intermedia, definida en el artículo 13.2 del Código Penal como aquella que la ley castiga con pena menos grave. Es la categoría más frecuente en los juzgados penales y comprende delitos como las lesiones del 147.1 CP, el hurto superior a 400 euros, las coacciones, la estafa, la conducción bajo los efectos del alcohol o el robo con fuerza.

La diferencia depende de la pena prevista para la conducta. El delito leve solo se sanciona con las penas leves del artículo 33.4 CP (multa de hasta 3 meses, localización permanente, trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días) y nunca con prisión. El delito menos grave se castiga con las penas del artículo 33.3 CP, incluida la pena de prisión de 3 meses a 5 años. Cuando una pena puede pertenecer a las dos categorías, la regla del artículo 13.4 CP la encuadra en la categoría leve.

El delito menos grave prescribe a los 5 años cuando la pena máxima prevista sea prisión o inhabilitación inferior a 5 años, y a los 10 años cuando la pena máxima sea de 5 a 10 años, conforme al artículo 131 del Código Penal. El cómputo se inicia el día en que se cometió la infracción y se interrumpe cuando el procedimiento se dirige formalmente contra el responsable

Sí, siempre que la pena privativa de libertad no exceda de 2 años, el condenado sea primario y haya satisfecho la responsabilidad civil, conforme a los artículos 80 y siguientes del Código Penal. El juez puede condicionar la suspensión a la prohibición de aproximarse a la víctima, al pago de una multa o a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.

Sí. A diferencia del juicio por delito leve, en los procedimientos por delito menos grave la intervención de abogado es siempre preceptiva. El investigado o acusado tiene derecho a designar abogado de su elección o, en caso de carecer de medios, a solicitar uno de oficio mediante la asistencia jurídica gratuita. Comparecer sin asistencia letrada invalida la declaración.

Con carácter general, el procedimiento abreviado regulado en los artículos 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para determinados delitos flagrantes o de instrucción sencilla (alcoholemia, hurto flagrante, lesiones leves) se aplica el juicio rápido de los artículos 795 y siguientes LECrim. La competencia para enjuiciar corresponde al Juzgado de lo Penal cuando la pena privativa de libertad no excede de 5 años.

Sí. A diferencia de los delitos leves, las condenas firmes por delitos menos graves de la misma naturaleza activan la agravante de reincidencia del artículo 22.8ª del Código Penal. Su efecto es que la pena debe imponerse en su mitad superior en futuras condenas.