Atenuantes: qué son, tipos y efecto en la pena

Las atenuantes son las circunstancias previstas en el artículo 21 del Código Penal que disminuyen la responsabilidad penal del autor de un delito y, en consecuencia, reducen la pena. El Código Penal recoge siete atenuantes genéricas a las que se añaden las atenuantes específicas previstas para determinados delitos y la circunstancia mixta de parentesco.

En esta guía, redactada por nuestro equipo de penalistas, explicamos qué son las atenuantes, qué tipos existen, cómo se calculan sus efectos en la pena y cómo se alegan en el proceso penal.

• Las atenuantes son circunstancias del artículo 21 CP que reducen la responsabilidad penal y, por tanto, la pena, sin llegar a excluirla por completo (a diferencia de las eximentes).
• Pueden ser genéricas (las del art. 21, aplicables a todos los delitos), específicas (previstas para delitos concretos como agresión sexual, malversación o tráfico de drogas) o mixtas de parentesco (art. 23 CP).
• Las atenuantes genéricas se subdividen en eximentes incompletas, atenuantes ordinarias y atenuante analógica.
• Una atenuante muy cualificada o privilegiada es aquella que el tribunal aprecia con especial intensidad y que, junto a otras o por sí sola, permite rebajar la pena en uno o dos grados.
• El artículo 66 CP regula las reglas de aplicación: una atenuante reduce la pena a su mitad inferior; dos o más atenuantes, o una muy cualificada, permiten rebajar uno o dos grados.
• Las eximentes incompletas se rigen por el artículo 68 CP, con rebaja obligatoria de uno o dos grados según los requisitos que falten.
• Las personas jurídicas disponen de cuatro atenuantes específicas en el artículo 31 quater CP: confesión, colaboración, reparación y programa de prevención.

Las atenuantes son las circunstancias previstas en el Código Penal que disminuyen la responsabilidad penal del autor de un delito o que justifican, por razones de política criminal, una pena menos severa. Su efecto es siempre mitigar, atenuar o reducir la pena, pero nunca excluir completamente la responsabilidad: el sujeto sigue siendo culpable y responde por el delito, aunque con una sanción menor.

Las atenuantes se sitúan dentro de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, junto con las eximentes (art. 20 CP), las agravantes (art. 22 CP) y la circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP). Su función es individualizar la pena en función de las circunstancias específicas del caso concreto: el legislador asume que no todos los delitos de la misma especie merecen idéntica respuesta, y las atenuantes son uno de los mecanismos que permiten al juez ajustar la pena.

El artículo 21 del Código Penal es el precepto central de la materia. Bajo la rúbrica «De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal», dentro del Capítulo III del Título I del Libro I, enumera las siete circunstancias atenuantes genéricas. La técnica legislativa empleada es semejante a la del art. 20 (eximentes), pero con una diferencia esencial: la cláusula final del art. 21.7ª permite la apreciación por analogía de circunstancias no expresamente previstas, lo que da al precepto una flexibilidad de la que carece el régimen de eximentes.

Artículo 21 del Código Penal: «Son circunstancias atenuantes: 1.ª Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. 2.ª La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2.º del artículo anterior. 3.ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. 4.ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades. 5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. 6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. 7.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores».

El Código Penal regula tres grandes tipos de circunstancias que modifican la responsabilidad penal, con efectos muy distintos:

La diferencia operativa esencial entre eximente y atenuante es la siguiente: la eximente completa exonera al sujeto, que sale absuelto; la atenuante (incluida la eximente incompleta) solo reduce la pena. La diferencia con la agravante es de signo: ambas modulan la pena, pero en sentido opuesto. 

En el lenguaje jurídico se utilizan ambas formas, aunque la forma femenina («la atenuante», «una atenuante») es la mayoritaria por concordancia con el sustantivo elidido «circunstancia». La forma masculina («el atenuante») está admitida en castellano general y se emplea con frecuencia en el lenguaje coloquial. En este artículo, conforme al uso forense dominante, utilizamos la forma femenina.

El Código Penal distingue tres grandes categorías de atenuantes, además de la circunstancia mixta de parentesco, que comparte naturaleza con las atenuantes y las agravantes según el caso concreto.

Las atenuantes genéricas son las previstas en el artículo 21 CP y se aplican a todos los delitos del Código, salvo que la propia ley disponga otra cosa. Comprenden tres subcategorías:

• • Eximente incompleta (art. 21.1ª): situación en la que concurren los elementos esenciales de una eximente del art. 20 CP pero falta alguno no esencial. Tiene régimen propio del art. 68 CP.
  • Atenuantes ordinarias (art. 21.2ª a 6ª): los cinco supuestos típicos previstos expresamente por la ley (grave adicción, arrebato, confesión, reparación del daño, dilaciones indebidas).
  • Atenuante analógica (art. 21.7ª): cláusula abierta que permite apreciar circunstancias de análoga significación a las anteriores, siempre que la analogía favorezca al reo.

Las atenuantes específicas son las que el Código Penal prevé en los artículos que regulan delitos concretos, con efectos también específicos. Dan lugar a un tipo privilegiado o subtipo atenuado frente al tipo penal básico. Algunos ejemplos relevantes en la práctica forense:

• • Art. 178.4 CP (agresión sexual de menor entidad): permite imponer la pena en su mitad inferior atendida la menor entidad del hecho y las circunstancias personales del culpable.
  • Art. 376 CP (tráfico de drogas con colaboración): rebaja en uno o dos grados cuando el sujeto abandona voluntariamente la actividad delictiva y colabora activamente con las autoridades.
  • Art. 434 CP (malversación con restitución): rebaja en uno o dos grados si se restituye la totalidad de los caudales sustraídos.
  • Art. 480 CP (desistimiento en rebelión): exención o atenuación cuando los participantes deciden disolver la rebelión antes de la actuación de la autoridad.
  • Art. 155 CP (lesiones con consentimiento): rebaja específica cuando concurre consentimiento válido del lesionado.

Estas atenuantes específicas se rigen por sus propias reglas y, en muchos casos, su efecto penológico es más intenso que el de las atenuantes genéricas del art. 21 CP.

Una atenuante muy cualificada es aquella que, por la especial intensidad con la que concurren sus elementos, justifica un trato penológico más favorable. La calificación corresponde al órgano jurisdiccional, que valora si los presupuestos de la atenuante se presentan con una intensidad superior a la ordinaria.

El efecto práctico es relevante ya que, conforme al art. 66.1.2ª CP, basta una atenuante muy cualificada (sin necesidad de concurrencia con otras) para que el tribunal pueda imponer la pena inferior en uno o dos grados. Equivale, en sus efectos, a la concurrencia de dos atenuantes ordinarias.

En la práctica forense, la atenuante de dilaciones indebidas es la que con más frecuencia se aprecia como muy cualificada, especialmente cuando entre la apertura del juicio oral y su efectiva celebración transcurren cuatro o cinco años o más, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo.

El artículo 23 CP regula la llamada circunstancia mixta de parentesco, que puede operar como atenuante o como agravante según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito.

Artículo 23 del Código Penal: «Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente».

La regla general aplicada por la jurisprudencia es que el parentesco agrava los delitos contra las personas (homicidio, lesiones, agresión sexual) cometidos en el ámbito familiar, mientras que atenúa los delitos patrimoniales entre familiares próximos. La decisión final corresponde al órgano jurisdiccional, que valora las circunstancias del caso concreto.

A continuación se analiza cada una de las siete atenuantes genéricas del art. 21 CP, con sus requisitos jurisprudenciales, doctrina y ejemplos prácticos.

La eximente incompleta concurre cuando se cumplen los elementos esenciales de una eximente del art. 20 CP pero falta alguno no esencial. Sus efectos no se rigen por el art. 66 CP sino por el régimen propio del art. 68 CP, que obliga al tribunal a imponer la pena inferior en uno o dos grados.

Ejemplos típicos en la práctica forense:

• Legítima defensa incompleta: existe agresión ilegítima (requisito esencial), pero falta proporcionalidad en el medio empleado o concurre cierta provocación previa.
• Anomalía psíquica incompleta: el sujeto presenta una alteración relevante que no anula plenamente sus facultades intelectivas y volitivas, sin alcanzar el grado de la eximente del art. 20.1 CP.
• Estado de necesidad incompleto: existió situación de necesidad real, pero el mal causado fue mayor que el evitado o concurrieron circunstancias que excluyen la justificación completa.
• Drogadicción grave: el sujeto presenta una grave dependencia que afecta sus facultades, sin llegar a la intoxicación plena del art. 20.2 CP.

Esta atenuante se aplica cuando el culpable actuó por causa de su grave adicción a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos análogos. Su fundamento es la afectación de las facultades del sujeto, sin alcanzar el grado que exige la eximente completa del art. 20.2 CP.

La diferencia con la eximente del art. 20.2 CP es de intensidad: la eximente exige intoxicación plena o síndrome de abstinencia que anule las facultades; la atenuante del art. 21.2ª CP requiere solo una grave dependencia que motive la conducta delictiva. La frontera entre ambas, y entre la atenuante y la atenuante muy cualificada, es uno de los puntos más debatidos en juicio y depende decisivamente de la prueba pericial médica.

Esta atenuante se aplica cuando el culpable obró por causas o estímulos tan poderosos que produjeron arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. La doctrina del Tribunal Supremo (entre otras, STS 161/2017) distingue ambos conceptos:

• • Arrebato: ofuscación de la mente y vivencias pasionales por una alteración emocional fugaz, producida por un estímulo poderoso e inmediato.
  • Obcecación: estado pasional de mayor persistencia en el tiempo, en el que la voluntad permanece afectada por el estímulo durante un periodo prolongado.

Ejemplos típicos: cólera tras descubrimiento de infidelidad (arrebato), obsesión persistente tras una afrenta grave (obcecación). En todo caso, el estímulo debe ser poderoso y proporcionado a la reacción: no cualquier disgusto justifica la apreciación.

La atenuante de confesión exige que el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, confiese la infracción a las autoridades. La doctrina del Tribunal Supremo (entre otras, STS 403/2000) ha precisado los requisitos:

• • Confesión de la propia participación en un hecho delictivo.
  • Veraz y mantenida durante todas las declaraciones (admiten errores accidentales).
  • Realizada ante autoridad competente: juez, tribunal, Ministerio Fiscal o Policía Judicial.
  • Antes de conocer que el procedimiento se dirige contra el confesante, lo que incluye investigaciones policiales en curso conocidas por el sujeto.

La confesión efectuada después de conocer el procedimiento puede operar, en su caso, como atenuante analógica del art. 21.7ª CP, especialmente cuando aporta información relevante para la investigación de coautores o circunstancias del hecho.

Reparación del daño (art. 21.5ª CP)

Esta atenuante se aplica cuando el culpable ha procedido a reparar el daño ocasionado a la víctima o a disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral. El legislador es amplio en cuanto a las modalidades:

• • Reparación material: pago de indemnización por daños, devolución de los efectos sustraídos.
  • Reparación parcial: aunque no integral, debe ser significativa y reflejar un esfuerzo real.
  • Reparación moral: petición de perdón formal a la víctima, gestos significativos de disculpa.

El momento procesal es esencial: la reparación debe realizarse antes del juicio oral. Reparaciones tardías, hechas durante el juicio o tras la sentencia, pueden valorarse como atenuante analógica si concurren elementos que justifiquen un trato favorable.

A diferencia de las anteriores, esta atenuante no responde al comportamiento del autor sino al funcionamiento del propio sistema judicial. Su fundamento es el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) y a una tutela judicial efectiva: cuando el procedimiento se prolonga injustificadamente sin causa imputable al acusado, el ordenamiento compensa con una rebaja de pena.

El Tribunal Supremo (entre otras, STS 690/2020) ha establecido criterios para la apreciación:

• • Mínimo de un año entre la apertura del juicio oral y la celebración efectiva del juicio para que la atenuante simple opere.
  • Cuatro o cinco años o más entre esos hitos para que la atenuante pueda apreciarse como muy cualificada.
  • La dilación no debe ser imputable al inculpado ni guardar proporción con la complejidad de la causa.

Esta atenuante fue incorporada formalmente al Código Penal por la LO 5/2010. Antes de esa reforma, los tribunales la aplicaban por analogía con base en la jurisprudencia del propio TS.

La atenuante analógica es la cláusula abierta que permite al órgano jurisdiccional apreciar circunstancias no expresamente previstas en los apartados anteriores, siempre que guarden semejanza con la estructura y fundamento de las atenuantes legales. Es la única excepción aceptada al principio de tipicidad en materia de circunstancias modificativas, justificada por su carácter favorable al reo.

Ejemplos jurisprudenciales:

• • Confesión tardía con colaboración relevante en la investigación.
  • Ludopatía cuando afecta a la conducta sin alcanzar el grado de la eximente del art. 20.1 o de la atenuante del art. 21.2ª.
  • Consentimiento de la víctima en medidas cautelares como el alejamiento.
  • Trastornos no anulatorios de las facultades, cuando no encajan plenamente en la eximente incompleta.

La aplicación depende de la valoración del tribunal y debe motivarse expresamente en sentencia.

El efecto de las atenuantes en la pena se rige por las reglas de individualización del artículo 66 CP, salvo en el caso de las eximentes incompletas, que tienen su propio régimen en el art. 68 CP. Las reglas del art. 66 son acumulativas y deben aplicarse en orden.

Cuando concurra una sola circunstancia atenuante (sin agravantes), el tribunal aplicará la pena en su mitad inferior, conforme a la regla 1ª del art. 66.1 CP. Si este supuesto lo aplicamos a la penas previstas para el homicidio doloso del art. 138 CP (10 a 15 años de prisión):

• • Marco original: 10 a 15 años.
  • Mitad inferior: 10 a 12 años y 6 meses.

Dentro de ese marco reducido, el tribunal individualiza la pena atendiendo a las circunstancias personales y al hecho.

La regla 2ª del art. 66.1 CP permite al tribunal imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando concurren dos o más atenuantes (sin agravantes) o cuando una de las atenuantes es muy cualificada. Aplicado al mismo homicidio:

• • Pena inferior en un grado: 5 a 10 años de prisión.
  • Pena inferior en dos grados: 2 años y 6 meses a 5 años de prisión.

La diferencia es decisiva: con rebaja de dos grados, la pena puede ser objeto de suspensión condicional del art. 80 CP, mientras que con rebaja de un grado normalmente conllevará ingreso efectivo en prisión.

Cuando concurren simultáneamente atenuantes y agravantes, la regla 7ª del art. 66.1 CP obliga al tribunal a valorarlas y compensarlas racionalmente para individualizar la pena. La compensación no es matemática: el tribunal pondera cualitativamente las circunstancias, y si persiste un fundamento cualificado de atenuación, puede aplicar la pena inferior en grado.

Las eximentes incompletas tienen un régimen propio en el artículo 68 del Código Penal que prevalece sobre las reglas generales del art. 66:

Artículo 68 del Código Penal: «En los casos previstos en la circunstancia primera del artículo 21, los jueces o tribunales impondrán la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley, atendidos el número y la entidad de los requisitos que falten o concurran, y las circunstancias personales de su autor, sin perjuicio de la aplicación del artículo 66 del presente Código».

La rebaja de un grado es obligatoria; la de dos grados es facultativa y depende de la entidad de los requisitos que falten para la eximente completa. La doctrina del Tribunal Supremo orienta la decisión hacia la rebaja de dos grados cuando faltan elementos no esenciales menores y se aproxima al régimen de la eximente.

La regla 2 del art. 66 CP prevé una excepción: en los delitos leves y los delitos imprudentes, los jueces y tribunales aplicarán la pena conforme a su prudente arbitrio, sin sujeción a las reglas anteriores.

Esta libertad de individualización se justifica por la menor gravedad de estos delitos y la mayor flexibilidad que requiere su tratamiento.

Desde la reforma operada por la LO 5/2010, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables y disponen de un régimen propio de atenuantes en el art. 31 quater CP:

Artículo 31 quater del Código Penal: «Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica».

Estas cuatro atenuantes son específicas y exclusivas de las personas jurídicas. La última, sobre los programas de prevención, conecta con el régimen de compliance penal y es de creciente importancia en la práctica corporativa.

A continuación se exponen tres casos prácticos que ilustran la aplicación de las reglas anteriores en supuestos habituales en la práctica forense.

Andrés descubre que su esposa ha mantenido una relación extramatrimonial. Tras un encuentro inmediato con la persona implicada, en un momento de descontrol emocional, le propina varios golpes que le causan la muerte. La prueba pericial psicológica acredita el estado de arrebato.

• • Pena del homicidio del art. 138 CP: prisión de 10 a 15 años.
  • Aplicación del art. 66.1.1ª CP (una atenuante, sin agravantes): pena en su mitad inferior.
  • Pena resultante: prisión de 10 a 12 años y 6 meses.

El tribunal individualizará dentro de ese marco según las circunstancias personales del autor y la entidad del hecho.

Pablo es procesado por un delito de estafa del art. 249 CP. Entre la apertura del juicio oral y su celebración efectiva transcurren seis años, sin causas imputables al acusado. El tribunal aprecia la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

• • Pena de la estafa del art. 249.1 CP (cuantía superior a 400 €): prisión de 6 meses a 3 años.
  • Aplicación del art. 66.1.2ª CP (atenuante muy cualificada): pena inferior en uno o dos grados.
  • Pena inferior en un grado: prisión de 3 a 6 meses.
  • Pena inferior en dos grados: prisión de 1 mes y 15 días a 3 meses.

La rebaja de dos grados, en este supuesto, abre la puerta a la sustitución por multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Carlos comete un hurto del art. 234.1 CP por valor superior a 400 euros. Antes de conocer que se ha iniciado procedimiento contra él, se presenta voluntariamente en comisaría, confiesa el hecho y devuelve íntegramente lo sustraído.

• • Pena del hurto del art. 234.1 CP: prisión de 6 a 18 meses.
  • Aplicación del art. 66.1.2ª CP (dos atenuantes, sin agravantes): pena inferior en uno o dos grados.
  • Pena inferior en un grado: prisión de 3 a 6 meses.
  • Pena inferior en dos grados: prisión de 1 mes y 15 días a 3 meses.

La concurrencia de dos atenuantes ordinarias produce el mismo efecto que una atenuante muy cualificada: rebaja de uno o dos grados, a discreción del tribunal.

La atenuante no opera de oficio: debe ser invocada y acreditada por la defensa para que el tribunal pueda apreciarla. La articulación procesal es determinante para que la alegación tenga éxito.

La atenuante la alega la defensa, generalmente en el escrito de defensa (art. 652 LECrim para procedimiento ordinario; art. 784 LECrim para procedimiento abreviado), donde se proponen los hechos alternativos y las circunstancias modificativas favorables. La invocación puede actualizarse o ampliarse en el trámite de conclusiones definitivas, una vez practicada la prueba en el juicio oral, si los resultados probatorios así lo aconsejan.

Algunas atenuantes —especialmente la de dilaciones indebidas— pueden apreciarse de oficio por el tribunal cuando los hechos probados las evidencien, en aplicación del principio iura novit curia. En la práctica, sin embargo, la prudencia aconseja siempre la invocación expresa por la defensa.

La carga de la prueba del sustrato fáctico de la atenuante corresponde a la defensa. Aunque rige el principio in dubio pro reo, la mera alegación sin base probatoria no obliga al tribunal a apreciar la atenuante. Las atenuantes que más exigen prueba pericial son:

• • Grave adicción (art. 21.2ª): informe médico forense o pericial privada que acredite la adicción y su afectación a las facultades.
  • Arrebato u obcecación (art. 21.3ª): informe psicológico o psiquiátrico sobre el estado emocional en el momento del hecho.
  • Eximente incompleta por anomalía psíquica (art. 21.1ª): informe psiquiátrico que valore las facultades intelectivas y volitivas.

La articulación de la prueba pericial —periciales privadas, contraperitajes, exploración psiquiátrica en sede judicial— suele determinar el resultado de la causa.

Aunque este artículo se centra en las atenuantes del Código Penal, conviene mencionar que el ordenamiento jurídico contempla también atenuantes en el ámbito administrativo sancionador, reguladas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en la legislación sectorial.

Su régimen es paralelo pero distinto: principalmente se valoran la subsanación voluntaria de la irregularidad, el reconocimiento de la responsabilidad y el pago anticipado de la sanción. No deben confundirse con las atenuantes penales del art. 21 CP, ni se rigen por el mismo régimen.

La diferencia entre que se aprecie una atenuante simple, una atenuante muy cualificada o ninguna circunstancia modificativa puede suponer, en el mismo caso, varios años de prisión efectiva. Esta diferencia raramente depende del azar: depende de la estrategia procesal desplegada por la defensa.

En la práctica de nuestro despacho hemos comprobado que el éxito en la alegación de atenuantes requiere una preparación rigurosa: identificar correctamente la atenuante o atenuantes aplicables, articular la prueba pericial necesaria, anticipar los requisitos jurisprudenciales, justificar la calificación como muy cualificada cuando proceda y razonar la rebaja de dos grados frente a la de uno. La atenuante de dilaciones indebidas, en particular, exige un seguimiento técnico del propio procedimiento que solo puede hacer el penalista que lleva la causa desde su inicio.

En Aguado Abogados asistimos a investigados y acusados en procedimientos penales donde la concurrencia de atenuantes —arrebato, grave adicción, confesión, reparación del daño, dilaciones indebidas— puede determinar el resultado del procedimiento y la diferencia entre prisión efectiva y suspensión condicional. Si estás siendo investigado o ha sido citado como acusado en un procedimiento penal, puedes hablar con nuestros abogados de derecho penal para una primera valoración de tu caso.

Las atenuantes son las circunstancias previstas en el artículo 21 del Código Penal que reducen la responsabilidad penal del autor y, en consecuencia, la pena aplicable. A diferencia de las eximentes, no excluyen completamente la responsabilidad: el sujeto sigue siendo culpable, pero responde con una pena menor. Las atenuantes pueden ser genéricas (aplicables a todos los delitos), específicas (previstas para delitos concretos) o mixtas de parentesco.

El artículo 21 CP recoge siete circunstancias atenuantes genéricas: la eximente incompleta, la grave adicción a drogas o alcohol, el arrebato u obcecación, la confesión a las autoridades, la reparación del daño, las dilaciones indebidas y la atenuante analógica. Cada una tiene sus propios requisitos y efectos en la determinación de la pena.

Las atenuantes reducen la pena prevista para el delito; las agravantes la incrementan. La atenuante simple obliga a imponer la pena en su mitad inferior; la agravante simple obliga a imponerla en su mitad superior. Cuando concurren simultáneamente atenuantes y agravantes, el tribunal las valora y compensa racionalmente conforme a la regla 7ª del artículo 66.1 CP.

Las eximentes completas excluyen totalmente la responsabilidad penal: el sujeto queda absuelto. Las atenuantes solo modulan la pena dentro del marco legal: obligan a imponerla en su mitad inferior, o permiten rebajarla en uno o dos grados cuando son muy cualificadas o concurren varias. La eximente incompleta, prevista en el artículo 21.1ª CP, es una figura intermedia: opera como atenuante con régimen específico del artículo 68 CP.

Las causas de inimputabilidad (anomalía psíquica, intoxicación plena, alteraciones en la percepción) y las causas de exculpación (miedo insuperable, estado de necesidad exculpante) excluyen la culpabilidad. Las causas de justificación (legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber) excluyen la antijuridicidad. La distinción tiene relevancia práctica en cuanto a las medidas de seguridad y la responsabilidad civil.

Una atenuante muy cualificada o privilegiada es aquella que el tribunal aprecia con especial intensidad, por concurrir sus elementos con una entidad superior a la ordinaria. Su efecto es relevante: conforme al artículo 66.1.2ª CP, basta una atenuante muy cualificada para que el tribunal pueda imponer la pena inferior en uno o dos grados. La atenuante de dilaciones indebidas es la que con más frecuencia se aprecia con esta calificación.

Una sola atenuante obliga al tribunal a imponer la pena en su mitad inferior, conforme al artículo 66.1.1ª CP. Dos o más atenuantes, o una muy cualificada, permiten al tribunal imponer la pena inferior en uno o dos grados, conforme al artículo 66.1.2ª CP. Cuando concurren atenuantes y agravantes, el tribunal compensa racionalmente. Las eximentes incompletas se rigen por el régimen propio del artículo 68 CP.

Cuando concurren dos o más atenuantes sin agravantes, el tribunal puede imponer la pena inferior en uno o dos grados, conforme al artículo 66.1.2ª CP. En el homicidio doloso del artículo 138 CP (prisión de 10 a 15 años), la pena con dos atenuantes podría rebajarse a 5 a 10 años (un grado) o a 2 años y 6 meses a 5 años (dos grados), abriendo la posibilidad de suspensión condicional.

La eximente incompleta tiene régimen propio en el artículo 68 CP: el tribunal debe imponer obligatoriamente la pena inferior en uno o dos grados, atendiendo al número y entidad de los requisitos que falten para apreciar la eximente completa y a las circunstancias personales del autor. La rebaja de un grado es obligatoria; la de dos es facultativa pero frecuente cuando los requisitos no esenciales que faltan son menores.

La atenuante de confesión del artículo 21.4ª CP exige que la confesión se realice antes de conocer que el procedimiento se dirige contra el confesante. La confesión efectuada después de ese momento no encaja en este precepto, pero puede operar como atenuante analógica del artículo 21.7ª CP cuando el sujeto aporta información relevante para la investigación de coautores, datos del hecho o circunstancias que faciliten su esclarecimiento.

Sí, el artículo 31 quater CP regula un régimen específico de atenuantes para personas jurídicas, distinto del aplicable a las personas físicas.

Comprende cuatro circunstancias: la confesión a las autoridades antes de conocer el procedimiento, la colaboración en la investigación con pruebas nuevas y decisivas, la reparación del daño antes del juicio oral, y el establecimiento de medidas eficaces de prevención y descubrimiento de delitos (programas de compliance) antes del juicio.