Agravantes: qué son, cuáles son y efecto en la pena

Las agravantes son las circunstancias previstas en el artículo 22 del Código Penal que aumentan la responsabilidad penal del autor de un delito y, en consecuencia, incrementan la pena.

En esta guía, redactada por nuestro equipo de penalistas, explicamos qué son las agravantes, cuáles recoge el Código Penal, cómo se calculan sus efectos en la pena y cómo se aplican en delitos concretos como el homicidio, el hurto, las lesiones o el robo con fuerza.

• Las agravantes son circunstancias del artículo 22 CP que aumentan la responsabilidad penal y, por tanto, la pena impuesta al autor del delito.
• Pueden ser genéricas (las del art. 22, aplicables a todos los delitos), específicas (previstas para delitos concretos como asesinato, hurto agravado o robo con fuerza) o mixtas de parentesco (art. 23 CP, que opera como atenuante o agravante según el caso).
• Las ocho agravantes genéricas son: alevosía, disfraz/abuso de superioridad/aprovechamiento de circunstancias, precio o recompensa, motivos discriminatorios, ensañamiento, abuso de confianza, prevalimiento del carácter público y reincidencia.
• Una agravante muy cualificada es aquella que el tribunal aprecia con especial intensidad, lo que puede justificar una pena superior en grado.
• El artículo 66 CP regula las reglas de aplicación: una o dos agravantes elevan la pena a su mitad superior; más de dos permiten imponer la pena superior en grado en su mitad inferior; la multirreincidencia justifica la pena superior en grado.
• El principio de inherencia del artículo 67 CP impide aplicar una agravante genérica cuando esa misma circunstancia ya forma parte del tipo penal (por ejemplo, no cabe aplicar la alevosía como agravante en un asesinato cuando es la propia alevosía la que lo eleva a asesinato).
• La agravante por razones de género del artículo 22.4ª CP opera cuando el delito se comete con voluntad de dominación o sometimiento sobre la mujer por razón de su sexo.

Las agravantes son las circunstancias previstas en el Código Penal que aumentan la responsabilidad penal del autor de un delito y justifican la imposición de una pena más severa que la prevista para el tipo básico. Su fundamento dogmático es la mayor antijuridicidad del hecho o la mayor culpabilidad del autor: el ordenamiento entiende que ciertos modos de ejecutar el delito o ciertas condiciones del autor merecen un reproche penal más firme.

Las agravantes se sitúan dentro de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, junto con las eximentes (art. 20 CP), las atenuantes (art. 21 CP) y la circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP).

Su función es individualizar la pena en sentido desfavorable al reo, pero siempre dentro del marco legal previsto para el delito concreto: una agravante no convierte un delito en otro distinto, salvo cuando la propia ley lo dispone (caso emblemático del homicidio, que se transforma en asesinato cuando concurre alevosía, precio o ensañamiento).

El artículo 22 del Código Penal es el precepto central de la materia. Bajo la rúbrica «De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal», dentro del Capítulo IV del Título I del Libro I, enumera taxativamente las ocho circunstancias agravantes genéricas. A diferencia del artículo 21 CP (atenuantes), el art. 22 no admite cláusula de analogía: las agravantes constituyen una lista cerrada, en aplicación estricta del principio de legalidad penal.

Artículo 22 del Código Penal: «Son circunstancias agravantes: 1.ª Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. 2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. 3.ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. 4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta. 5.ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 6.ª Obrar con abuso de confianza. 7.ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. 8.ª Ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves. Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español».

El Código Penal regula tres grandes tipos de circunstancias que modifican la responsabilidad penal, con efectos opuestos:

La diferencia operativa entre estos institutos es sustancial: la eximente completa exonera al autor (sentencia absolutoria); la atenuante reduce la pena; la agravante la incrementa; y la mixta de parentesco opera en uno u otro sentido según la naturaleza del delito. Cuando concurren simultáneamente atenuantes y agravantes, el tribunal las valora y compensa racionalmente conforme a la regla 7ª del art. 66.1 CP.

La doctrina y la jurisprudencia distinguen varios criterios clasificatorios para sistematizar las agravantes del Código Penal. Las clasificaciones no son excluyentes entre sí: una misma agravante puede ser, por ejemplo, objetiva y genérica al mismo tiempo.

Esta clasificación atiende a la naturaleza de la circunstancia:

• • Agravantes objetivas: se relacionan con la ejecución material del delito. Reflejan una mayor antijuridicidad del hecho. Son agravantes objetivas la alevosía (art. 22.1ª), el disfraz, el abuso de superioridad y el aprovechamiento de circunstancias (art. 22.2ª), el ensañamiento (art. 22.5ª) y, en cierto sentido, los motivos discriminatorios (art. 22.4ª, aunque tienen también vertiente subjetiva).
  • Agravantes subjetivas o personales: se relacionan con el autor o con su relación con la víctima. Reflejan una mayor culpabilidad. Son agravantes personales el precio o recompensa (art. 22.3ª), el abuso de confianza (art. 22.6ª), el prevalimiento del carácter público (art. 22.7ª) y la reincidencia (art. 22.8ª).

La distinción tiene relevancia práctica en supuestos de codelincuencia: el art. 65 CP establece que las agravantes objetivas se comunican a todos los partícipes que las conocieron, mientras que las subjetivas solo afectan a aquellos en quienes concurran personalmente.

Esta clasificación atiende al ámbito de aplicación:

• • Agravantes genéricas: las recogidas en el art. 22 CP. Son aplicables a cualquier delito, salvo que sean incompatibles con el tipo penal concreto (por ejemplo, la alevosía solo opera en delitos contra las personas).
  • Agravantes específicas: las previstas en el articulado del Código Penal junto al tipo penal concreto al que afectan. Constituyen tipos agravados o subtipos agravados y tienen su propio marco penal. Son agravantes específicas, entre muchas otras, las que elevan el homicidio a asesinato (art. 139 CP), las del hurto agravado (art. 235 CP), las del robo con fuerza en casa habitada (art. 241 CP) o las del tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia (art. 369 CP).

La diferencia operativa es relevante: las agravantes específicas modifican el marco penal aplicable; las genéricas operan dentro del marco penal del tipo básico.

Una agravante muy cualificada es aquella que el tribunal aprecia con una intensidad superior a la ordinaria. La calificación corresponde al órgano jurisdiccional, que valora si los presupuestos de la agravante se presentan con una entidad que justifique un trato penológico más severo que el ordinario.

Cuando concurren varias agravantes en un mismo hecho delictivo, son autónomas e independientes entre sí y pueden aplicarse conjuntamente, salvo que sean incompatibles por su propia naturaleza. La acumulación de agravantes tiene efectos progresivos en la determinación de la pena, conforme al art. 66 CP.

El artículo 23 del Código Penal regula la denominada circunstancia mixta de parentesco, que puede operar como atenuante o como agravante según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito.

Artículo 23 del Código Penal: «Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente».

La doctrina jurisprudencial ha consolidado dos reglas de aplicación:

• • Como agravante: en delitos contra las personas (homicidio, lesiones, agresiones sexuales) cometidos en el ámbito familiar o de pareja, especialmente en supuestos de violencia de género o doméstica.
  • Como atenuante: en delitos patrimoniales entre familiares próximos, donde la relación familiar reduce la antijuridicidad.

La decisión final corresponde al órgano jurisdiccional, que valora las circunstancias del caso concreto. La circunstancia mixta de parentesco no debe confundirse con la agravante por razones de género del art. 22.4ª, que se desarrolla más adelante.

A continuación se analiza cada una de las ocho agravantes genéricas del art. 22 CP, con sus requisitos jurisprudenciales, doctrina del Tribunal Supremo y ejemplos prácticos.

La alevosía es la primera y más importante de las agravantes genéricas. Solo se aplica a delitos contra las personas (homicidio, asesinato, lesiones, aborto). Su esencia es el aprovechamiento consciente de la indefensión de la víctima: el autor emplea medios, modos o formas que aseguran la ejecución del delito sin riesgo para sí mismo derivado de la defensa de la víctima.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo distingue tres modalidades de alevosía:

• • Alevosía proditoria: el autor actúa por acechanza, oculto, eligiendo el momento y el lugar en que la víctima no espera el ataque. Ejemplo paradigmático: tirador apostado que dispara desde una posición elevada.
  • Alevosía súbita o inopinada: el autor actúa de forma imprevista, aprovechando la confianza de la víctima que no espera la agresión. Ejemplo: ataque por la espalda durante una conversación cordial.
  • Alevosía de desvalimiento: el autor se aprovecha de una situación objetiva de indefensión de la víctima (víctima dormida, niño, persona inconsciente o con discapacidad grave). La jurisprudencia entiende que existe alevosía siempre que la víctima sea un menor de muy corta edad u otra persona objetivamente indefensa, siempre que el autor sea consciente de esa situación y la aproveche.

La frontera entre alevosía y abuso de superioridad es una de las cuestiones más debatidas. El criterio del Tribunal Supremo es claro: hay alevosía cuando la indefensión es completa o prácticamente total; hay abuso de superioridad cuando la defensa de la víctima queda muy disminuida pero no eliminada.

La alevosía opera también como agravante específica del asesinato (art. 139 CP): cuando el homicidio se comete con alevosía, el delito se transforma en asesinato y el marco penal pasa de 10-15 años a 15-25 años de prisión.

El art. 22.2ª CP recoge tres agravantes en un mismo apartado, unidas por su finalidad común: debilitar la defensa de la víctima o facilitar la impunidad del autor.

El disfraz se aprecia cuando el autor utiliza un atuendo que oculta o desfigura su apariencia para facilitar la ejecución del delito o eludir su identificación posterior. La doctrina del Tribunal Supremo exige tres requisitos:

• • Requisito objetivo: el atuendo debe ser apto para cubrir o desfigurar el rostro o la apariencia habitual, aunque sea de forma parcial o rudimentaria (pasamontañas, gafas oscuras, peluca, maquillaje grueso).
  • Requisito subjetivo: el autor debe utilizar el disfraz con la finalidad de facilitar la ejecución del delito o asegurar la impunidad.
  • Requisito cronológico: el disfraz debe ser empleado durante la comisión del delito, no antes ni después.

En supuestos de codelincuencia con disfraz, la jurisprudencia distingue: si el uso del disfraz forma parte del proyecto delictivo común y sus partícipes lo conocen, la agravante se aplica a todos; si solo uno de los autores lo emplea sin que los demás lo prevean, la agravante solo afecta al que lo lleva.

El abuso de superioridad (denominado por la doctrina como «alevosía menor») se aprecia cuando existe un desequilibrio de fuerzas a favor del agresor que disminuye —sin eliminar— las posibilidades de defensa de la víctima. La superioridad puede ser personal (mayor fuerza física, varios agresores frente a una víctima) o instrumental (uso de medios o armas). El autor debe ser consciente del desequilibrio y aprovecharlo.

El aprovechamiento de circunstancias de lugar, tiempo o auxilio integra las antiguas agravantes de nocturnidad, despoblado o cuadrilla del Código Penal anterior. Tras la reforma de 1995, no basta su mera concurrencia objetiva: es necesario que efectivamente debiliten la defensa de la víctima o faciliten la impunidad.

Esta agravante se aprecia cuando el autor comete el delito motivado por la promesa o recibo de una contraprestación. La doctrina del Tribunal Supremo (entre otras, STS 791/1998 y STS 278/2014) ha precisado:

• • La retribución no tiene que ser necesariamente dineraria: incluye cualquier tipo de recompensa (objetos, favores, ventajas).
  • La promesa o el precio debe ser el móvil determinante del delito; no basta una motivación accesoria.
  • La agravante afecta tanto al que recibe el precio (autor material) como al que lo entrega (autor intelectual o inductor).
  • La merced debe revestir suficiente entidad para producir el reproche social específico de esta circunstancia.

Cuando el precio o recompensa concurre en un homicidio, opera como agravante específica del asesinato (art. 139 CP). En los delitos de calumnia e injuria del art. 213 CP, añade a la pena correspondiente la de inhabilitación especial.

El art. 22.4ª CP recoge la agravante por móvil discriminatorio. En su redacción actual, tras la importante reforma operada por la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, contempla un listado amplio de motivos:

• • Racistas, antisemitas, antigitanos.
  • Ideología, religión o creencias de la víctima.
  • Etnia, raza o nación a la que pertenezca.
  • Sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género.
  • Razones de género (incorporada en 2015 por la LO 1/2015).
  • Aporofobia y exclusión social (incorporadas en 2022 por la LO 6/2022).
  • Enfermedad que padezca o discapacidad.

La agravante se aplica con independencia de que las condiciones efectivamente concurran en la víctima: lo determinante es el móvil del autor. Si el agresor cree erróneamente que la víctima pertenece a determinado grupo y la ataca por ese motivo, la agravante se aplica aunque la creencia sea equivocada.

La agravante por razones de género tiene autonomía conceptual respecto del resto. El Tribunal Supremo ha consolidado los siguientes criterios:

• Se aprecia cuando el delito se comete con voluntad de dominación o sometimiento sobre la mujer por razón de su sexo.
• Refleja un componente machista o de desigualdad histórica entre hombres y mujeres.
• Es compatible con la circunstancia mixta de parentesco del art. 23 CP cuando concurren ambas, pues su fundamento es distinto: el art. 22.4ª refleja el móvil discriminatorio; el art. 23 refleja la relación familiar o de pareja.
• No se aplica automáticamente en todos los delitos cometidos por hombres contra mujeres en relación de pareja: requiere acreditación específica del móvil.

El ensañamiento se aprecia cuando el autor aumenta deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. La doctrina del Tribunal Supremo exige dos elementos:

• • Elemento objetivo: causación efectiva de sufrimiento innecesario para alcanzar el resultado del delito. El sufrimiento debe ser objetivamente excesivo respecto del estrictamente necesario.
  • Elemento subjetivo: el autor debe actuar de forma consciente y deliberada para aumentar el padecimiento de la víctima. No se exige frialdad de ánimo ni que la finalidad exclusiva sea causar dolor; basta el dolo del aumento del sufrimiento.

La jurisprudencia admite que el ensañamiento se aprecie en actos de tortura previos a los que directamente causan la muerte, durante la ejecución del delito o, según parte de la doctrina, en el modo mismo de causar el resultado final cuando añade sufrimiento innecesario.

El ensañamiento opera también como agravante específica del asesinato (art. 139.1.3ª CP).

El abuso de confianza se aprecia cuando el autor del delito mantiene con la víctima una relación previa de confianza o lealtad que utiliza para facilitar la ejecución. El Tribunal Supremo (entre otras, STS 1918/2000 y STS 844/2015) exige:

• • Existencia de una relación de confianza previa, continuada y reconocible (vínculo familiar, laboral, profesional, de amistad).
  • Aprovechamiento consciente de esa relación para reducir las defensas de la víctima.
  • Quiebra del deber de lealtad que la relación implicaba.

La agravante es de aplicación frecuente en delitos patrimoniales (estafas, apropiaciones indebidas) y, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, también en delitos contra la libertad sexual cuando el autor se vale de una relación de confianza preexistente para acceder a la víctima.

Esta agravante se aprecia cuando el autor del delito se aprovecha de su condición de funcionario público para facilitar la comisión del hecho. El fundamento es la quiebra del deber de probidad y la utilización del cargo público para fines ajenos a su finalidad institucional.

Existe un límite operativo importante: la agravante no se aplica en los delitos especiales que ya exigen la condición de funcionario como elemento del tipo (cohecho, prevaricación, malversación, tortura). Aplicar la agravante en estos casos vulneraría el principio de inherencia del art. 67 CP. El prevalimiento solo opera en delitos comunes (homicidios, lesiones, estafas) cometidos por funcionarios que se valen del cargo.

La reincidencia se aprecia cuando el autor, al delinquir, ya ha sido condenado por sentencia firme por un delito comprendido en el mismo título del Código Penal y de la misma naturaleza. Sus elementos son:

• • Existencia de una sentencia condenatoria firme anterior, no cancelada ni cancelable.
  • El delito anterior debe estar comprendido en el mismo título del CP que el delito actual (por ejemplo, dos delitos contra el patrimonio).
  • Ambos delitos deben ser de la misma naturaleza (no basta la pertenencia al mismo título).
  • No computan los antecedentes cancelados o que debieran serlo, ni los correspondientes a delitos leves.

La reincidencia internacional es una particularidad relevante: las condenas firmes impuestas en otros Estados de la Unión Europea producen los efectos de reincidencia en España, salvo que el antecedente haya sido cancelado o pudiera serlo conforme al derecho español.

La multirreincidencia es un supuesto agravado dentro de la propia reincidencia. Conforme a la regla 5ª del art. 66.1 CP, cuando el culpable ha sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en el mismo título y de la misma naturaleza, el tribunal puede imponer la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito.

La doctrina ha criticado tradicionalmente el fundamento de la reincidencia: se ha argumentado que no implica una mayor antijuridicidad del hecho ni una mayor culpabilidad respecto del delito concreto, sino que refleja únicamente un mayor desprecio por el ordenamiento. Pese a ello, la agravante mantiene plena vigencia en el derecho positivo y constituye una de las más aplicadas en la práctica.

El efecto de las agravantes en la pena se rige por las reglas de individualización del artículo 66 CP. Las reglas son acumulativas y deben aplicarse en orden lógico: primero se determina si concurren agravantes y atenuantes, después se aplica la regla correspondiente.

Conforme a la regla 3ª del art. 66.1 del Código Penal, cuando concurra una o dos circunstancias agravantes (sin atenuantes), el tribunal aplicará la pena en su mitad superior. Aplicado al homicidio doloso del art. 138 CP (10 a 15 años de prisión):

• • Marco original: 10 a 15 años.
  • Mitad superior: 12 años y 6 meses a 15 años.

Dentro de ese marco superior, el tribunal individualiza la pena atendiendo a las circunstancias personales del autor y a la gravedad concreta del hecho.

La regla 4ª del art. 66.1 CP permite al tribunal imponer la pena superior en grado a la prevista por la ley, en su mitad inferior, cuando concurren más de dos agravantes y ninguna atenuante. Aplicado al mismo homicidio:

• • Pena superior en grado: 15 a 22 años y 6 meses.
  • Mitad inferior de ese tramo: 15 años a 18 años y 9 meses.

Esta regla es facultativa: el tribunal puede aplicarla o limitarse a la pena en su mitad superior conforme a la regla 3ª, motivando expresamente la decisión.

La regla 5ª del art. 66.1 CP regula el supuesto agravado de la multirreincidencia.

Cuando el culpable ha sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos del mismo título y naturaleza, el tribunal puede imponer la pena superior en grado a la prevista por la ley. La regla es facultativa y el tribunal debe motivar la decisión atendiendo a las condenas precedentes y a la gravedad del nuevo delito.

Cuando concurren simultáneamente agravantes y atenuantes, la regla 7ª del art. 66.1 CP obliga al tribunal a valorarlas y compensarlas racionalmente para individualizar la pena.

La compensación no es matemática: el tribunal pondera cualitativamente las circunstancias. Si persiste un fundamento cualificado de agravación, se aplica la pena en su mitad superior; si persiste un fundamento cualificado de atenuación, se aplica la pena inferior en grado.

La regla 2 del art. 66 CP prevé una excepción: en los delitos leves y los delitos imprudentes, los jueces y tribunales aplicarán la pena conforme a su prudente arbitrio, sin sujeción a las reglas anteriores. Esta libertad responde a la menor gravedad de estos delitos.

Conviene recordar que en los delitos imprudentes la mayoría de las agravantes resultan inaplicables por exigir el dolo (alevosía, ensañamiento, abuso de confianza, motivos discriminatorios), siendo solo la reincidencia la que puede operar con cierta frecuencia.

El principio de inherencia del artículo 67 del Código Penal es una limitación esencial al juego de las agravantes: impide que se aplique una agravante genérica cuando esa misma circunstancia ya forma parte del tipo penal del delito o constituye un elemento que la ley ha tenido en cuenta al describir o sancionar la infracción.

Artículo 67 del Código Penal: «Las reglas del artículo anterior no se aplicarán a las circunstancias agravantes o atenuantes que la Ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría cometerse».

El fundamento es el principio non bis in idem: una misma circunstancia no puede valorarse dos veces para incrementar la pena. Casos típicos de aplicación:

• • Asesinato (art. 139 CP): la alevosía, el precio y el ensañamiento son agravantes específicas del asesinato. No cabe aplicar adicionalmente las agravantes genéricas del art. 22.1ª, 22.3ª y 22.5ª, pues serían las mismas circunstancias que ya transforman el homicidio en asesinato.
  • Apropiación indebida (art. 253 CP): el abuso de confianza es inherente al tipo (la apropiación presupone la previa entrega de la cosa basada en la confianza). No cabe aplicar la agravante del art. 22.6ª.
  • Cohecho (arts. 419 y ss. CP) o malversación (arts. 432 y ss. CP): la condición de funcionario público es elemento del tipo. No cabe aplicar la agravante del art. 22.7ª (prevalimiento del carácter público).

El principio de inherencia conecta directamente con la distinción entre agravantes genéricas y específicas: cuando el legislador ha incorporado una circunstancia al tipo (tipo agravado), excluye la posibilidad de aplicarla además como agravante genérica.

A continuación se desarrolla la aplicación de las agravantes en los delitos en los que con más frecuencia se invocan en la práctica forense.

El supuesto más relevante de agravantes en la práctica penal es la transformación del homicidio (art. 138 CP) en asesinato (art. 139 CP) cuando concurre alguna de las cuatro circunstancias específicas previstas legalmente.

Artículo 139.1 del Código Penal: «Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª Con alevosía. 2.ª Por precio, recompensa o promesa. 3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. 4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra».

El marco penal es el siguiente:

• • Homicidio del art. 138 CP: 10 a 15 años de prisión.
  • Asesinato del art. 139.1 CP (una circunstancia): 15 a 25 años.
  • Asesinato del art. 139.2 CP (concurriendo más de una circunstancia): pena en su mitad superior, 20 a 25 años.
  • Asesinato del art. 140 CP (víctima menor de 16 años, persona especialmente vulnerable, posterior a un delito contra la libertad sexual, cometido por miembro de organización criminal o autor reincidente del art. 140 bis): prisión permanente revisable.

En aplicación del principio de inherencia, las circunstancias del art. 22 CP que coincidan con las específicas del asesinato no pueden valorarse adicionalmente: la alevosía que transforma el homicidio en asesinato no opera además como agravante genérica del art. 22.1ª. Sí pueden aplicarse las agravantes genéricas distintas (por ejemplo, abuso de confianza, prevalimiento del carácter público o reincidencia).

El hurto agravado del art. 235 CP eleva la pena del hurto del art. 234 CP cuando concurren circunstancias específicas del tipo. El art. 235.1 enumera nueve supuestos, entre los que destacan:

• • Sustracción de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
  • Sustracción de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público.
  • Especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos o a los perjuicios causados.
  • Abuso de las relaciones personales entre víctima y autor.
  • Abuso de las circunstancias de personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
  • Sustracción en casa habitada, edificio o local abiertos al público o sus dependencias.
  • Sustracción de cosas que formen parte del patrimonio histórico.
  • Multireincidencia específica: cuando el culpable hubiera sido condenado por al menos tres delitos comprendidos en el mismo capítulo.

El marco penal es:

• • Hurto del art. 234.1 CP (cuantía superior a 400 €): prisión de 6 a 18 meses.
  • Hurto agravado del art. 235.1 CP (concurriendo una circunstancia): prisión de 1 a 3 años.
  • Hurto agravado del art. 235.2 CP (concurriendo dos o más circunstancias o en víctima discapacitada): prisión de 2 a 4 años.

El delito de lesiones (art. 147 CP) tiene agravaciones específicas en los artículos siguientes. Las más relevantes son:

• • Art. 148 CP (lesiones agravadas): concurrencia de medios peligrosos (armas, instrumentos), ensañamiento, víctima menor de doce años o persona con discapacidad, víctima esposa o pareja del autor, víctima especialmente vulnerable. Pena: prisión de 2 a 5 años.
  • Arts. 149 y 150 CP (resultados especialmente graves): pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal (149.1: prisión 6-12 años) o no principal (150: prisión 3-6 años), grave deformidad o impotencia, esterilidad, mutilación genital. Pena agravada por la entidad del resultado.

El robo con fuerza en las cosas (arts. 237 y 238 CP) tiene tipos agravados en el art. 241 CP:

• • Robo en casa habitada o edificio o local abiertos al público (art. 241.1 CP): prisión de 2 a 5 años.
  • Robo en casa habitada con personas en el interior: el subapartado 4 prevé la pena en su mitad superior cuando los hechos se hubieran cometido en casa habitada o edificio o local abiertos al público y, además, concurra alguna agravación adicional.

La extorsión (art. 243 CP) se castiga con prisión de 1 a 5 años, agravándose la pena si concurren algunas circunstancias del robo del art. 242 (uso de armas, casa habitada). Los desórdenes públicos (arts. 557 y ss.) tienen agravaciones específicas cuando los autores actúan encapuchados, portando armas o causando lesiones.

Mención especial merece la denominada agravante «kamikaze» que con frecuencia se busca por ese término coloquial. Técnicamente, no se trata de una agravante del art. 22 CP, sino de un tipo penal autónomo previsto en el art. 384 bis CP en sede de seguridad vial: la conducción manifiestamente temeraria con desprecio para la vida de los demás, que se castiga con prisión de 2 a 5 años. La denominación coloquial induce a error: no es una circunstancia que agrava otro delito, sino un delito independiente.

Frente a las atenuantes (que las invoca la defensa), las agravantes son alegadas por la acusación: Ministerio Fiscal, acusación particular o acusación popular. Su correcta articulación procesal es esencial para que el tribunal pueda apreciarlas.

Las agravantes se invocan en el escrito de acusación (art. 650 LECrim para procedimiento ordinario; art. 781 LECrim para procedimiento abreviado), donde la acusación califica los hechos, propone los preceptos aplicables, indica las circunstancias modificativas y solicita la pena.

La invocación puede ampliarse en el trámite de conclusiones definitivas, una vez practicada la prueba, dentro de los límites del principio acusatorio: no puede introducirse en conclusiones definitivas una agravante sustancialmente nueva no anunciada en el escrito de acusación, pues vulneraría el derecho de defensa.

La carga de la prueba de las agravantes recae sobre la acusación, conforme al principio general del proceso penal. Rige plenamente la presunción de inocencia respecto de los elementos fácticos que sustentan la agravante: si la prueba practicada no acredita más allá de toda duda razonable la concurrencia de la circunstancia, el tribunal no puede apreciarla.

La sentencia debe motivar expresamente la apreciación de cualquier agravante, identificando los hechos probados que la fundamentan y exponiendo el razonamiento jurídico que justifica su aplicación. La motivación insuficiente constituye motivo de recurso de casación por infracción de ley o de precepto constitucional.

La aplicación o rechazo de una agravante puede determinar diferencias de varios años de prisión. La transformación de un homicidio (10-15 años) en asesinato por la apreciación de la alevosía (15-25 años) o, eventualmente, en asesinato hiperagravado (prisión permanente revisable) ilustra la magnitud de lo que está en juego cuando se discute si concurre o no una circunstancia agravante.

En la práctica de nuestro despacho hemos comprobado que la defensa frente a las agravantes invocadas por la acusación exige una estrategia técnica específica: discutir la concurrencia fáctica de los elementos objetivos y subjetivos de la agravante, articular la prueba pericial necesaria (especialmente en alevosía y abuso de superioridad, donde la indefensión de la víctima es objeto de informe), invocar el principio de inherencia cuando proceda, plantear la incompatibilidad entre agravantes simultáneamente alegadas, y razonar la inaplicabilidad de la multirreincidencia cuando los antecedentes deban ser cancelados.

En Aguado Abogados asistimos a investigados y acusados en procedimientos donde la concurrencia de agravantes —alevosía, ensañamiento, abuso de confianza, reincidencia, motivos discriminatorios— puede determinar el resultado del procedimiento. Si está siendo investigado o ha sido citado como acusado en un procedimiento penal, puede contactar con nuestros abogados de derecho penal para una primera valoración de tu caso.

Las agravantes son las circunstancias previstas en el artículo 22 del Código Penal que aumentan la responsabilidad penal del autor de un delito y, en consecuencia, incrementan la pena. Las agravantes pueden ser genéricas (las del art. 22, aplicables a todos los delitos), específicas (previstas para tipos penales concretos como el asesinato o el hurto agravado) o mixtas de parentesco (art. 23 CP).

El artículo 22 CP recoge ocho circunstancias agravantes genéricas: la alevosía, el disfraz/abuso de superioridad/aprovechamiento de circunstancias, el precio o recompensa, los motivos discriminatorios (incluida la agravante por razones de género), el ensañamiento, el abuso de confianza, el prevalimiento del carácter público y la reincidencia. Cada una tiene sus propios requisitos jurisprudenciales y efectos en la determinación de la pena.

Las agravantes incrementan la pena prevista para el delito; las atenuantes la reducen. Una o dos agravantes obligan a imponer la pena en su mitad superior; una atenuante obliga a imponerla en su mitad inferior. Cuando concurren simultáneamente agravantes y atenuantes, el tribunal las valora y compensa racionalmente conforme a la regla 7ª del artículo 66.1 CP.

La alevosía es la primera y más grave de las agravantes del artículo 22 CP. Se aprecia cuando el autor ejecuta un delito contra las personas empleando medios, modos o formas que aseguran la indefensión de la víctima sin riesgo derivado de su defensa. La jurisprudencia distingue tres modalidades: proditoria (acechanza), súbita (ataque sorpresivo) y de desvalimiento (víctima objetivamente indefensa). La alevosía transforma el homicidio en asesinato.

El ensañamiento es la agravante del artículo 22.5ª CP que se aprecia cuando el autor aumenta deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Exige un elemento objetivo (sufrimiento innecesario) y un elemento subjetivo (deliberación e intención de aumentar el dolor). El ensañamiento opera también como agravante específica del asesinato.

La reincidencia (art. 22.8ª CP) se aprecia cuando el autor ha sido condenado por sentencia firme por un delito del mismo título del Código Penal y de la misma naturaleza, antes de cometer el actual. No computan los antecedentes cancelados ni los correspondientes a delitos leves. La multirreincidencia (art. 66.1.5ª CP) es la agravante cualificada que concurre cuando hay tres o más condenas firmes previas; permite al tribunal imponer la pena superior en grado.

Una o dos agravantes obligan al tribunal a imponer la pena en su mitad superior, conforme al artículo 66.1.3ª CP. Más de dos agravantes, sin atenuantes, permiten al tribunal aplicar la pena superior en grado en su mitad inferior, conforme al artículo 66.1.4ª CP. La multirreincidencia permite imponer la pena superior en grado. Cuando concurren agravantes y atenuantes, el tribunal compensa racionalmente.

Cuando concurren una o dos agravantes sin atenuantes, el tribunal debe imponer la pena en su mitad superior, conforme al artículo 66.1.3ª CP. En el homicidio doloso del artículo 138 CP (prisión de 10 a 15 años), la pena con dos agravantes se impone en el tramo de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión.

El principio de inherencia, regulado en el artículo 67 CP, impide aplicar una agravante genérica del artículo 22 cuando esa misma circunstancia ya forma parte del tipo penal del delito o constituye un elemento que la ley ha tenido en cuenta al describir o sancionar la infracción.

Su fundamento es el principio non bis in idem: una misma circunstancia no puede valorarse dos veces para incrementar la pena. Por ejemplo, no cabe aplicar la alevosía como agravante genérica en un asesinato, pues es la propia alevosía la que transforma el homicidio en asesinato.

La agravante por razones de género del artículo 22.4ª CP, introducida por la LO 1/2015, se aprecia cuando el autor comete el delito con voluntad de dominación o sometimiento sobre la mujer por razón de su sexo, reflejando un componente machista o de desigualdad histórica. Es compatible con la circunstancia mixta de parentesco del artículo 23 CP, pues su fundamento es distinto: el art. 22.4ª refleja el móvil discriminatorio, mientras que el art. 23 refleja la relación familiar o de pareja.