Divorcio en España: tipos, trámites, coste y consecuencias

El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que pone fin legalmente al matrimonio y deja a ambos cónyuges libres para volver a casarse. En España, divorciarse no exige alegar ninguna causa ni separarse previamente: basta la voluntad de uno solo de los cónyuges, transcurridos tres meses desde la boda. Esta guía explica, desde la perspectiva de un abogado de familia, qué tipos de divorcio existen, cómo se tramitan, cuánto cuestan, cuánto tardan y qué consecuencias tienen para los hijos, la vivienda y el patrimonio.

En Aguado Abogados acompañamos cada año a numerosas familias en este proceso, y sabemos que la mayor parte de las dudas se resuelven entendiendo bien tres cosas: el tipo de divorcio que encaja con tu situación, lo que cuesta y lo que tarda. Vamos por partes.

El divorcio es una de las causas de disolución del matrimonio, junto con el fallecimiento o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges (artículo 85 del Código Civil). A diferencia de la separación, el divorcio extingue por completo el vínculo conyugal.

Desde la reforma operada por la Ley 15/2005, el divorcio en España es libre: no es necesario alegar una causa ni acreditar una separación previa. El artículo 86 del Código Civil establece que se decretará el divorcio a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos, o de uno con el consentimiento del otro.

Mediante el divorcio, los cónyuges —de mutuo acuerdo— o el juez —en su defecto— fijan las medidas que regularán a partir de ese momento todo lo relativo a los hijos, la vivienda familiar y el reparto del patrimonio común.

La diferencia esencial es que el divorcio rompe el vínculo matrimonial y la separación no. Tras un divorcio firme, ambos pueden volver a casarse; tras una separación, siguen legalmente casados aunque ya no convivan.

La separación solo interrumpe la convivencia y la obligación de vivir juntos, pero el matrimonio subsiste. Por eso la separación es reversible mediante una simple reconciliación, mientras que el divorcio es irreversible: la única forma de «deshacerlo» es contraer matrimonio de nuevo con la misma persona.

No. Desde 2005 no es necesario separarse antes de divorciarse ni dejar transcurrir ningún periodo de separación previa. Solo se exige que hayan pasado tres meses desde la celebración del matrimonio (artículo 81 del Código Civil), plazo que ni siquiera es necesario cuando existe un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad o la indemnidad sexual de uno de los cónyuges o de los hijos.

Para iniciar un divorcio en España deben cumplirse tres requisitos básicos:

• • Existencia de un vínculo matrimonial válido. Sin matrimonio previo no cabe divorcio.
  • Que hayan transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio (artículo 81 del Código Civil), salvo en los supuestos de riesgo antes mencionados.
  • Que lo solicite al menos uno de los cónyuges. No se necesita el consentimiento del otro ni alegar motivo alguno.

A ello se añade un requisito de competencia internacional: al menos uno de los cónyuges debe tener residencia o nacionalidad que permita acudir a los tribunales o notarías españolas.

En España existen dos grandes vías para divorciarse: el divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio contencioso. La diferencia depende de si los cónyuges están o no de acuerdo en las medidas que regularán su nueva situación.

El divorcio de mutuo acuerdo es aquel en el que ambos cónyuges pactan las condiciones de la ruptura y las plasman en un convenio regulador. Es la vía más rápida, económica y menos lesiva, especialmente cuando hay hijos.

El convenio regulador (artículo 90 del Código Civil) recoge, como mínimo, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas, la pensión de alimentos, el uso de la vivienda familiar, la contribución a las cargas, la liquidación del régimen económico, el destino de los animales de compañía (tras la Ley 17/2021) y, en su caso, la pensión compensatoria.

Según las circunstancias del matrimonio, el divorcio de mutuo acuerdo puede tramitarse por tres vías:

• • Ante notario: posible solo si no hay hijos menores ni mayores con discapacidad necesitados de apoyo. Se formaliza en escritura pública (artículo 87 del Código Civil y artículo 54 de la Ley del Notariado). Requiere abogado, pero no procurador.
  • Ante el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ): también para matrimonios sin hijos menores o con discapacidad necesitados de apoyo. Requiere abogado y procurador, que pueden ser compartidos por ambos. El LAJ dicta un decreto aprobando el divorcio.
  • Ante el juez: obligatoria cuando hay hijos menores o mayores con discapacidad necesitados de apoyo. El juez recaba informe del Ministerio Fiscal sobre las medidas que afectan a los hijos y, si es favorable, dicta sentencia (artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

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El divorcio contencioso es aquel en el que no hay acuerdo y uno de los cónyuges presenta la demanda por su cuenta. Se tramita por el procedimiento del artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y siempre ante el juez de primera instancia del último domicilio común.

El cónyuge demandante presenta la demanda con sus pretensiones; al otro se le da traslado y dispone de 20 días hábiles para contestar y, si lo desea, formular sus propias peticiones (reconvención). Tras el juicio y los informes del Ministerio Fiscal cuando hay menores, el juez decide mediante sentencia.

En el contencioso cada parte necesita su propio abogado y su propio procurador. Es habitual solicitar medidas provisionales para resolver de inmediato lo relativo a los hijos y a la vivienda mientras se tramita el procedimiento.

El divorcio express no es un tipo legal distinto, sino el nombre coloquial del divorcio de mutuo acuerdo tramitado por la vía más rápida: ante notario o ante el Letrado de la Administración de Justicia. Solo es posible cuando no hay hijos menores ni mayores con discapacidad necesitados de apoyo, y puede resolverse en cuestión de semanas.

El procedimiento depende de la vía elegida, pero los pasos esenciales son los siguientes:

1. Asesoramiento inicial: un abogado de familia analiza tu caso y te indica qué vía encaja con tu situación.
2. Reunión de documentación (ver apartado siguiente).
3. Redacción del convenio regulador (mutuo acuerdo) o de la demanda (contencioso).
4. Presentación ante el notario, el Letrado de la Administración de Justicia o el juzgado competente.
5. Ratificación y, en su caso, juicio: las partes ratifican el convenio o se celebra el juicio en el contencioso.
6. Resolución: escritura pública, decreto o sentencia de divorcio.
7. Inscripción en el Registro Civil, momento a partir del cual el divorcio surte plenos efectos frente a terceros (artículo 89 del Código Civil).

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La documentación más habitual para tramitar un divorcio es:

• • Certificado literal de matrimonio.
  • Certificado de nacimiento de los hijos, si los hay.
  • Certificado de empadronamiento.
  • Documentación acreditativa del patrimonio (escrituras, notas simples del Registro de la Propiedad, certificados bancarios).
  • Convenio regulador, en los divorcios de mutuo acuerdo.

En el divorcio contencioso suele ser necesario aportar, además, prueba sobre la capacidad económica de las partes, la dedicación a los hijos y la disponibilidad horaria.

El coste de un divorcio en España depende del tipo de procedimiento. A título orientativo, un divorcio de mutuo acuerdo suele situarse entre 500 y 1.500 euros, mientras que un divorcio contencioso parte de unos 1.500 euros y puede superar los 6.000 euros en casos complejos.

Conviene tener en cuenta varios factores:

• • En el divorcio notarial no interviene procurador, lo que reduce el gasto.
  • El divorcio contencioso es más caro porque cada cónyuge paga su propio abogado y procurador, y puede prolongarse con peritajes o recursos.
  • Quienes carezcan de recursos pueden solicitar justicia gratuita, que cubre abogado y procurador de oficio si se cumplen los umbrales de renta.

Estas cifras son orientativas: el presupuesto exacto depende de la complejidad del caso, del número de medidas a negociar y de la existencia de bienes a liquidar. En Aguado Abogados ofrecemos un presupuesto cerrado tras la primera consulta, sin sorpresas.

La duración de un divorcio varía mucho según la vía. Un divorcio de mutuo acuerdo notarial puede resolverse en pocas semanas; uno de mutuo acuerdo judicial, en uno a tres meses; y un divorcio contencioso, entre seis meses y más de un año, en función de la carga del juzgado y de la complejidad del asunto.

El factor que más acelera el proceso es el acuerdo. Cuanto antes consigan los cónyuges pactar las medidas, antes y más barato termina el divorcio.

El divorcio produce efectos desde la firmeza de la sentencia o decreto, o desde la formalización de la escritura pública ante notario. Los principales son la disolución del régimen económico matrimonial, la regulación de la situación de los hijos, la atribución de la vivienda y, en su caso, la pensión compensatoria.

Cuando hay hijos menores, todas las decisiones se rigen por el interés superior del menor. Los progenitores deben pactar —o el juez decidir— la guarda y custodia, que puede ser exclusiva o compartida (artículo 92 del Código Civil), el régimen de visitas y la pensión de alimentos.

La pensión de alimentos la abonan ambos progenitores en proporción a sus ingresos y a las necesidades del menor. Su cuantía se fija según los ingresos de los padres y los gastos del hijo (alimentación, educación, vestido, sanidad). Existen tablas orientativas del Consejo General del Poder Judicial que sirven de referencia.

¿Quién se queda con la casa en un divorcio? La regla general del artículo 96 del Código Civil es que, habiendo hijos menores, el uso de la vivienda familiar se atribuye a los hijos y al progenitor en cuya compañía queden. La atribución del uso es independiente de quién sea el propietario.

Cuando no hay hijos, el uso puede atribuirse al cónyuge cuyo interés sea más necesitado de protección, normalmente por un plazo limitado. La propiedad de la vivienda, en cambio, se resuelve en la liquidación del régimen económico.

El divorcio disuelve el régimen económico del matrimonio. Si estaba en gananciales, debe liquidarse la sociedad: se hace inventario de bienes y deudas comunes, se pagan las deudas y el remanente se reparte por mitad entre ambos cónyuges.

La liquidación puede incluirse en el propio convenio regulador (lo más ágil) o tramitarse después en un procedimiento independiente. En régimen de separación de bienes no hay sociedad que liquidar, aunque sí puede ser necesario disolver los bienes que se posean en proindiviso (en común).

La pensión compensatoria es una cantidad que un cónyuge paga al otro cuando el divorcio le produce un desequilibrio económico que empeora su situación respecto a la que tenía durante el matrimonio (artículo 97 del Código Civil). No es automática: debe acreditarse ese desequilibrio.

Para fijarla, el juez valora factores como la duración del matrimonio, la dedicación a la familia, la edad y la cualificación profesional del beneficiario. Puede establecerse de forma temporal, indefinida o como una indemnización en pago único.

No necesariamente. El cónyuge divorciado puede tener derecho a la pensión de viudedad cuando fallece su excónyuge si, en el momento del fallecimiento, era acreedor de una pensión compensatoria que se extingue con esa muerte (artículo 220 de la Ley General de la Seguridad Social).

Existe un régimen especial para los divorcios anteriores al 1 de enero de 2008: en determinados supuestos puede reconocerse la pensión de viudedad aunque no se percibiera pensión compensatoria, siempre que se cumplan los requisitos de la disposición transitoria correspondiente. Si tu divorcio es de esa época, conviene revisar tu caso con detalle.

Tras el divorcio cambia tu situación en el IRPF. Los excónyuges pasan a declarar de forma individual y debe comunicarse el cambio de circunstancias familiares a la Agencia Tributaria.

Conviene tener presente que la pensión compensatoria satisfecha al excónyuge reduce la base imponible de quien la paga y tributa como rendimiento en quien la recibe, mientras que las cantidades por pensión de alimentos a los hijos tienen un tratamiento fiscal específico. Por su complejidad, recomendamos revisar estos efectos con un asesor antes de presentar la declaración.

Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, exige acreditar el intento previo de un medio adecuado de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad para admitir a trámite la mayoría de demandas civiles (artículo 5 de la LO 1/2025 y artículo 403.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Los MASC incluyen la mediación, la conciliación privada, la negociación directa entre las partes o sus abogados, la oferta vinculante confidencial y la opinión de experto independiente. La ley contempla excepciones tasadas, como los procesos sobre filiación, las medidas del artículo 158 del Código Civil o determinados procedimientos de protección de menores.

En el divorcio de mutuo acuerdo este requisito carece de relevancia práctica, porque el propio acuerdo es ya una solución negociada. En el divorcio contencioso, en cambio, la exigencia del intento previo de negociación ha generado criterios judiciales dispares entre juzgados de familia, por lo que es aconsejable acreditar siempre que se ha intentado un acuerdo antes de demandar. Nuestra recomendación, también por ahorro de tiempo y dinero, es agotar la vía del acuerdo antes de litigar.

Sí. En España es obligatorio contar con abogado para divorciarse, en cualquiera de sus modalidades. En el divorcio notarial y en el de mutuo acuerdo, ambos cónyuges pueden compartir el mismo abogado; en el contencioso, cada parte necesita el suyo, además de procurador.

Aunque la ley permite compartir abogado en el mutuo acuerdo, conviene que un profesional revise el convenio para garantizar que el reparto y las medidas son equilibrados y no se renuncia a derechos por desconocimiento.

En Aguado Abogados somos abogados de familia y llevamos divorcios de mutuo acuerdo y contenciosos en toda España. Nuestro objetivo es que el proceso sea lo más rápido, económico y poco conflictivo posible, especialmente cuando hay hijos de por medio.

Te ofrecemos una primera consulta para analizar tu caso, indicarte la vía más adecuada y darte un presupuesto cerrado. Si lo prefieres, valoramos contigo las opciones de acuerdo y mediación antes de acudir a los tribunales.

¿Estás pensando en divorciarte? Contáctanos y resuelve tus dudas sin compromiso.

No necesariamente. El cónyuge divorciado puede tener derecho a la pensión de viudedad cuando fallece su excónyuge si, en el momento del fallecimiento, era acreedor de una pensión compensatoria que se extingue con esa muerte (artículo 220 de la Ley General de la Seguridad Social).

Existe un régimen especial para los divorcios anteriores al 1 de enero de 2008: en determinados supuestos puede reconocerse la pensión de viudedad aunque no se percibiera pensión compensatoria, siempre que se cumplan los requisitos de la disposición transitoria correspondiente. Si tu divorcio es de esa época, conviene revisar tu caso con detalle.

La separación interrumpe la convivencia pero mantiene el vínculo matrimonial, mientras que el divorcio lo extingue. Tras el divorcio se puede volver a casar; tras la separación, no.

 A título orientativo, un divorcio de mutuo acuerdo cuesta entre 500 y 1.500 euros y uno contencioso desde 1.500 hasta más de 6.000 euros. El importe depende de la complejidad del caso y de si hay bienes que liquidar.

Un divorcio de mutuo acuerdo puede resolverse en semanas (notarial) o en uno a tres meses (judicial). Un divorcio contencioso suele tardar entre seis meses y más de un año.

Es el divorcio en el que no hay acuerdo y uno de los cónyuges presenta la demanda en solitario. El juez decide las medidas mediante sentencia tras el juicio, conforme al artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Si hay hijos menores, el uso de la vivienda familiar se atribuye normalmente a los hijos y al progenitor que los tenga a su cargo, con independencia de quién sea el propietario (artículo 96 del Código Civil).

No. El abogado es obligatorio en todos los tipos de divorcio. En el mutuo acuerdo ambos cónyuges pueden compartir abogado; en el contencioso cada uno necesita el suyo.

El cónyuge divorciado puede tener derecho a la pensión de viudedad al fallecer su excónyuge si era acreedor de una pensión compensatoria extinguida por ese fallecimiento. Para divorcios anteriores a 2008 existe un régimen transitorio específico.

No. Desde 2005 no es necesaria una separación previa ni alegar causa alguna; basta con que hayan transcurrido tres meses desde el matrimonio (artículo 81 del Código Civil).